Por Pablo Del Litto Con la esperanza de que se trate de un acontecimiento aislado, excepcional y un intento desesperado por destrabar el conflicto laboral que aqueja a
Lo curioso del tema es que algunos de los que hoy implementan esta práctica, ayer eran fervientes críticos de las medidas del Gobierno Nacional.
En efecto, frente a una necesidad fiscal, el Estado Nacional, ha decidido obtener recursos del sector al que considera “beneficiario del modelo”, y por ende con potestades para conculcar sus derechos sin restricción alguna.
Idéntica situación, se ha generado recientemente en el ámbito del Concejo Deliberante Local, respecto del incremento de la alícuota por
Suponemos que luego de algún tipo de evaluación sobre la situación económico-financiera de la firma, o bien por la presunción de prosperidad que significa la propia dimensión de la misma, se ha decidido aumentar un gravamen para una sola empresa.
Quizás sea una solución válida desde la óptica política, pero el modo en que se esgrime –legislando para un caso particular- deriva de un procedimiento y una lógica que no es para nada correcta -hasta podría decirse ilegal y contraria a una buena práctica tributaria-, y que entre otros perjuicios, le ha costado al Gobierno Nacional un conflicto que se sostiene por más de 60 días sin solución.
Es un antecedente poco feliz, que no sólo afecta a la única involucrada directa, AES, sino que en un futuro inmediato podría afectar a otras actividades a las que se considere prósperas; de avalarse este criterio.
Está claro, que los fundamentos esgrimidos, no obedecen a una reformulación de la política fiscal del Municipio, sino que a una mera necesidad coyuntural de obtener rápida y efectivamente nuevos ingresos para equilibrar las cuentas municipales.
Lo que no resulta claro, es porqué quienes hoy sostienen este proyecto –con la finalidad de equilibrar las finanzas del municipio- hace menos de un mes enfáticamente decían que los tributos municipales, en la medida que habían sido establecidos, eran suficientes.
Así, lejos nos encontramos de un estado de situación ideal, pues lo correcto debería ser una exhaustiva evaluación de las finanzas municipales confrontándola al proyecto de ciudad que queremos los nicoleños, para orientar en tal sentido las políticas de gastos y de recursos, una equitativa distribución de la carga tributaria teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, una política eficiente en materia de recaudación, posibilidades de financiamiento de obras, la racionalidad y efectividad del gasto público, etc.
Como estamos acostumbrados, el “efectismo político” se antepone a los grandes proyectos de la sociedad.
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