Lic. Sebastián E. ARIAS GUESALAGA
El hombre de bien es aquel
que ama las leyes de su país y
que obra por amor a éstas
Montesquieu
La organización de los pueblos tiene por objeto el establecimiento de normas claras para la adopción de decisiones que involucran al conjunto de los habitantes de una comunidad. El medio por el cual se crean esas normas, se fija en ese acuerdo fundacional de un Estado que es la Constitución.
El derecho consiste en un conjunto, coherente y articulado de normas que una comunidad se da a si misma para gobernarse. Su expresión más acabada es la ley que es una norma de carácter general y obligatorio sancionada por un órgano competente.
En el caso de la República Argentina, nuestra forma de gobierno es la republicana representativa según reza el Art. 1° de nuestra Constitución Nacional. Eso nos habla de división de poderes, de publicidad de los actos de gobierno, de gobierno del pueblo a través de sus representantes.
De allí que la elección de representantes, es quizás el acto más importante en la vida de una comunidad que opta por la forma republicana de gobierno, por ese motivo no debe ser tomada a la ligera, ni objeto de controversias de carácter coyuntural, pues se trata de la esencia misma del sistema.
En todo proceso electoral es posible distinguir dos momentos claros: 1) la campaña electoral y 2) la elección. La importancia de la Campaña electoral, es absolutamente relevante, pues consiste en el período de debate de ideas y propuestas en el cual los diversos partidos y candidatos presentan sus plataformas a la comunidad. Es aquí donde el conjunto de los ciudadanos escucha y se informa de los diferentes puntos de vista; estudia y analiza cual cree es la mejor opción. Banalizar este período consiste en una grave ofensa al sistema democrático de gobierno, pues restringe en algún punto el período de información y reflexión. El segundo momento lo constituye la elección propiamente dicha que es el momento de opción entre las distintas propuestas y candidatos.
El buen funcionamiento de las instituciones constituye la salud del sistema republicano de gobierno. Para ello es prioritario la existencia del diálogo entre los diversos sectores que integran los órganos representativos, pues la búsqueda de consensos para la adopción de las normas que regulan la vida civil se torna en uno de los pilares más importantes a la hora de garantizar orden público.
Siguiendo lo expuesto, es posible afirmar que, la fijación de normas claras en el proceso de elección de representantes del pueblo sea, tal vez, el más importante de los consensos que puede alcanzar un sistema político, ya que, de la adecuación de esos comicios a los pactos preestablecidos depende, en una República, gran parte de la legitimidad del sistema en su conjunto.
En esta línea de pensamiento se encuentra un nutrido número de Estados, los cuales han sancionado leyes que impiden la modificación del régimen electoral en el año mismo en que deba llevarse a cabo la elección. Esto garantiza que la planificación de los tiempos que cada agrupación política había previsto para el desarrollo integral de sus programas pueda llevarse cabo, redundando esto en una mejor información a la comunidad de sus proyectos e ideas.
“Nada es jurídicamente posible si antes no es políticamente posible” sostiene Jellinek, sentencia con la cual nos indica que, difícilmente haya alguna norma que no pueda ser modificada por otra. Lo que hay que desterrar de la arena política son ciertas prácticas que aprovechan vacíos legales para alterar el espíritu de las leyes o para sacar ventajas momentáneas. Estas medidas, generalmente respaldadas de legalidad poseen una legitimidad al menos dudosa, pues se produce una alteración de las reglas de juego y esto, lejos de ser equitativo, casi siempre redunda en beneficio de una de las partes en perjuicio del sistema en su conjunto, dado que se rompe con la previsibilidad, uno de los postulados elementales en el proceso electoral y en la vida democrática.
La selección de representantes en elecciones competitivas es una de las características más relevantes de los sistemas democráticos de gobierno. El apego a las instituciones es tal vez el más relevantes de los rasgos de los países desarrollados, mientras que la resolución de conflictos mediante la mera imposición del número o la fuerza, lo es de los países que aún transitan el camino del autoritarismo. Cabe aquí recordar que, al decir de Montesquieu, no hay posibilidad de República sin que sus habitantes sean ciudadanos, es decir, portadores de la virtud republicana, no espectadores, sino miembros activos y comprometidos con la realidad en la que se encuentran. Así sea.
Si bien es verdad que el país solamente se reencausará política y socialmente cuando se logre la síntesis democrática que posibilite el bipartidismo genuino a través de la convergencia de las ideas y proyectos de todos los que participan públicamente en los destinos de la República, no es menos cierto que ello no será posible si los ciudadanos que integran los partidos políticos existentes en el país, no desisten de anteponer sus intereses personales para obtener los cargos de la función pública, utilizando las ideas y acciones del pacto democrático como pantalla para cubrir sus reales y ocultas intenciones.
