Estado y economía, una encrucijada para la conciencia civil

Por Carlos Otegui

28-06-2008

Cada ciudadano se encuentra en una especial relación de dependencia con la política económica establecida en un país determinado , ya sea por el Estado o por el Gobierno del Estado.

La política económica del Estado es la que ha sido establecida por su régimen constitucional. Es una ley fundamental que debe ser cumplida por cualquier gobierno que asuma el poder del Estado . La política económica de un gobierno puede coincidir con la constitucional o apartarse de ella por múltiples razones. Si coincide , podemos decir que el Estado se encuentra en un período normal de relativo progreso. Si no coincide , puede serlo , a su vez , por dos razones diferentes: la primera , que el gobierno debido a circunstancias de emergencia económica , deba apartarse transitoriamente de las normas establecidas en la constitución del Estado mientras dura la misma y , desaparecidas sus causas , vuelva a una economía normal y usual. Por ejemplo , las políticas de excepción en los Estados Unidos de América del Norte en tiempos de crisis no alteraron los preceptos tradicionales y esenciales de su política económica.

La segunda , que un gobierno no comulgue con la política económica constitucional.

En este caso , la experiencia de nuestro país nos indica dos tipos de reacciones del poder político de turno :

1) Que un gobierno , sin modificar la ley fundamental , cambie en la práctica o de hecho la política económica del país.

2) Que el gobierno cambie la estructura constitucional del Estado y , por ende , su política económica

¿Cuándo la conciencia ciudadana percibe que un gobierno transita por la buena senda económica?

Fundamentalmente , cuando su programa económico es de carácter general , orientado al progreso de toda la Nación y no solamente de un sector determinado. Deben ser guías de la política económica : el mercado , la inversión ( privada y estatal ) , la simplificación tributaria , el fomento del trabajo , la desburocratización y descentralización a fondo del Estado , el fomento de la producción en todas sus áreas , el comercio y el librecambio.

En los días que corren , el gobierno expone sus tesis de crecimiento continuado a un determinado porcentaje anual , como consecuencia del auge de la producción agrícola ganadera. El impuesto a las exportaciones es altísimo, la inflación , dibujada por los índices oficiales , aumenta constantemente , la crisis energética emerge con gravísimas consecuencias , los salarios marchan hacia una significación nominal que no se condice con su capacidad adquisitiva , las remuneraciones en negro del Estado evaden cuantiosas sumas a los organismos de la seguridad social con futuras y graves consecuencias para todos los ciudadanos , hay sindicatos anestesiados , la pobreza y su utilización política aumenta tanto como los sueldos de los funcionarios del Estado , la delincuencia se enseñorea en todo el país incontrolable , la infraestructura de las ciudades colapsa , el dogmatismo ideológico de algunos sectores del gobierno está a la orden del día y no cede paso al sentido común.

Llegamos a la encrucijada. ¿ Cómo salimos de ella?

Solo si adquirimos conciencia que el objetivo principal del gobierno es la manipulación política del ciudadano centrada en la entronizaciòn de una forma de gobierno que descree firmemente de las bondades del sistema republicano y de la efectiva división del poder del estado .

Las superfacultades de la administración pública deben ser erradicadas de nuestro régimen constitucional , cediendo paso a la rendición de cuentas absoluta del Poder Ejecutivo mediante el procedimiento que mejor se adecue a las normas de transparencia y eficacia final del mismo , sin posibilidad alguna de la reserva de fondos públicos , o , lo que es lo mismo , impidiendo la legalización de la inimputabilidad funcional de los gobernantes en materia económica. Asimismo debe erradicarse de la Constitución Nacional la atribución del Congreso de la Nación de " establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables " , sin la correspondientes intervención y aprobación directa del estado local interesado ( artículo 75 inciso 3 de la C.N. ). La experiencia política de nuestro país nos indica que en materia impositiva directa todo lo que la Ley Fundamental permite hacer al Gobierno Nacional por un tiempo determinado se convierte en una ley de tiempo indeterminado. Un ejemplo de ello fue la ley de impuesto a los réditos , hoy denominado impuesto a las ganancias . Si un gobierno tiene la facultad constitucional de establecer y modificar asignaciones específicas de los recursos destinados al desarrollo e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional , el régimen de coparticipación de todos los impuestos internos del mismo artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional queda sujeto a su potencial y futura desaparición por la manipulación política que de él haga un solo poder del Estado.

La auténtica economía democrática es la que administra a favor de todo el país como Nación y no del pueblo como rehén electoral , a quien se le promete todo antes de los comicios y solamente se le entrega algo después.