Por Lic. Sebastián E. Arias Guesalaga
Integrante PRO San Nicolás
Desde las primeras formas que se dio el hombre en su organización políticas, en el municipio han tenido lugar la mayor cantidad de interacciones directas entre el gobierno y el ciudadano, pues constituye el nivel administrativo que se encuentra más próximo a las necesidades cotidianas del individuo.
Tradicionalmente a los municipios se les ha otorgado las atribuciones vinculadas con el “poder de policía”, el cual es esencialmente dirigido al control:
1- Sanitario: en lo que respecta a establecimientos industriales, mercados, lugares públicos, etc.
2- De seguridad de edificios o construcciones urbanas no sujetas a otra jurisdicción.
3- De moralidad pública: en ciertos juegos, en formas de corrupción sexual, y de manera general, en todo lo que ofende los sentimientos de la moralidad media de la población en la vía pública.
4- De vialidad urbana: uso del dominio público, de tranquilidad general (prohibición de ruidos molestos); en general todo lo que concierne a la salubridad urbana y estética edilicia.
Estas son las actividades que tradicionalmente se le han asignado a la administración municipal o comunal. Es producto de una visión claramente apolítica, la cual “responde tanto a raíces históricas como psicosociales. Las raíces históricas radican en la génesis de la gestión municipal que en nuestros tiempos se apoya en la Constitución, las leyes orgánicas municipales y la legislación. Las raíces psicosociales son producto de la escasa distancia social que se hace manifiesta sobre todo en los municipios más pequeños. Conduce, por un lado, a tratar de evitar los conflictos, y por el otro, genera un sentimiento de comunidad del que surge una necesidad de armonía de los vecinos que se ve perturbada por opiniones divergentes o incluso conductas opositoras y que por eso reciben un juicio y un tratamiento negativo”[1]. Como vemos, el objetivo fundamental de esta concepción era la de liberar al ámbito municipal de las controversias que la política trae aparejadas. La política no está nunca exenta de discusión, pues en su esencia, como enseña Santayana “los hombres actuando son la sustancia de un gobierno: pero la vida de un gobierno –su operar político y tendencia- es una clara adición a la vida social y aún moral, de sus miembros”[2] y, cabe agregar, estas adiciones devienen o del consenso o de la imposición. Desplazar las cuestiones políticas de la esfera de lo municipal era una forma de preservar el espacio que debía dar soluciones a las necesidades objetivas pues como ya hemos visto poco más que las funciones de “policía” eran las asignadas a los municipios.
Nuevos tiempos, nuevos roles. Redefiniendo el municipio.
En nuestros días la concepción es diferente. La gestión municipal “significa el derecho de las comunas a administrar todos los asuntos que incumben a la comunidad local en el marco de las leyes, de acuerdo con su propio criterio, con fondos propios y con la participación de una representación comunal democráticamente elegida”[3].
Es clara pues la tendencia existente hacia un accionar diferente en el quehacer cotidiano de los municipios, es claro que ya no orientan sus recursos “solamente” a las tareas tradicionalmente asignadas y que respondían al objetivo de mantener la ciudad limpia y ordenada. Esta variación en los contenidos de la acción municipal se traducen en un redireccionamiento de las políticas públicas[4], las cuales “no se producen en el vacío: no sólo nos informan del ambiente socioeconómico, sino también del Estado”[5].
¿Pero de qué cuestiones se ocupan hoy los municipios?, una pregunta equivalente y para utilizar términos adecuados sería ¿cómo se estructura la agenda municipal en nuestros días? La respuesta a este interrogante surge de la nueva concepción acerca de la naturaleza del municipio –autónomo-, de las nuevas demandas comunitarias, de la globalización y de la retracción o ampliación de funciones de los otros dos niveles del Estado.
Las actividades de los municipios han evolucionado desde el mero hecho de mantener las calles limpias, las plazas ordenadas y los paseos públicos bien iluminados como eje de su gestión a darse estrategias de “desarrollo local”. Al respecto, casi toda la literatura existente sobre el tema hace hincapié en cómo es posible desde el municipio trazar cursos de acción – es decir políticas- destinadas a mejorar las necesidades básicas de la población de la ciudad, mejoras en el ingreso, en número y calidad de empleo ofrecido, mejorar la calidad de vida y la preservación de los recursos naturales[6]. Como sostienen Furlani de Civit y Garabay , el supuesto básico de la teoría del desarrollo local (o endógeno) consiste en afirmar “la existencia de una capacidad innovadora a nivel local”[7], a partir de la cual y mediante la interacción entre el sector público municipal y el sector privado se pueden coordinar esfuerzos para mejorar las condiciones en los rubros enunciados arriba. Es decir, “queremos hacer planificación estratégica, no porque suene moderno, sino porque queremos modificar una realidad que no nos gusta y no queremos modificarla en cualquier sentido sino en uno en particular.”[8]
La Globalización y su impacto a nivel local-metropolitano.
Este es uno de los aspectos más interesantes para el estudio en ciencias sociales de los últimos tiempos. La globalización ha producido tantos efectos en la sociedad, y en el comportamiento de los individuos que la integran que es imposible no hacer referencia a ella en cualquier trabajo de investigación, pues de una u otra forma siempre se la encuentra vinculada con los cambios recientes.
Las discusiones acerca del origen, el avance, los alcances y las dimensiones de este fenómeno son, como diría Weber “inconmensurables”. Si es económica, si es social, si es cultural, si ha provocado un movimiento espejo y es la base del resurgimiento de los particularismos que pretenden –en alguna de las dimensiones antes señaladas- oponérsele. Pero al fin de cuentas, y para evitar cualquier mal entendido acerca de la misma, es una digresión útil definir lo que aquí entendemos por ella. Rescatemos pues algunas definiciones esclarecedoras: Antonio Vázquez Barquero la entiende como “un proceso que se caracteriza por el aumento de la competencia en los mercados, lo que implica la continuación de los ajustes del sistema productivo de los países, las regiones y las ciudades inmersas en la globalización”[9] , en esta definición se pone de manifiesto en particular la globalización como fenómeno económico que afecta el comportamiento social en tanto que la liberalización de mercados y el consecuente incremento de la competencia provoca modificaciones del sistema productivo local, lo que implica reconversión para la “lucha”(por los mercados, por inversiones públicas y privadas, etc.), manifestándose en la mejora continua de los procesos de producción tendientes a la reducción de costes, la mejora de la calidad y los servicios posventa. Y cuando hablamos de mejora en los procesos de producción, debemos detenernos en particular en los de capacitación de la mano de obra. Las nuevas tecnologías que se incorporan al sistema productivo en los últimos 20 años requieren trabajadores con características muy disímiles a las de décadas anteriores y esto se transforma en demandas de capacitación, no sólo a las empresas contratantes, sino al sistema educativo en su conjunto. La incorporación total a los planes de estudios de materias como inglés e informática se encuentran en esta línea. Ese es también un efecto de la globalización y muestra cabal de cómo los cambios de la política económica tiene incidencia directa sobre el mercado de trabajo y por consiguiente sobre el comportamiento de los miembros de la comunidad, que ahora para insertarse laboralmente deben poseer una serie de conocimientos que les demanda la inserción internacional de la economía local. Y esto es así no sólo porque las empresas necesiten trabajadores capacitados para producir más y más eficientemente, sino que lo es también, por la competencia que se origina entre regiones para la atracción de capitales foráneos –en relación con la región, pudiéndolo ser del mismo Estado-, para lo cual la generación de infraestructura básica y la capacitación de la población se constituyen en factores determinantes. Esta competencia por atraer hacia su territorio las inversiones ha hecho que en la concertación de los actores relevantes de cada comunidad nazca lo que Benjamín Coriat y Dominique Taddéi llaman “ un nuevo arte de la seducción: la atractividad del territorio”[10] . Esta seducción ha provocado una variación en el accionar de los gobiernos locales por atraer la atención de los empresarios. Tradicionalmente la línea de acción estatal – o sea la “política”- más frecuentemente utilizada en todo el mundo era la reducción impositiva, bajo el supuesto de que la disminución de costes –cuando no el subsidio encubierto y/o directo- era una variable lo suficientemente apreciada por los grupos empresariales como para que por sí sola bastara para definir la radicación de inversiones. Actualmente esto ya no es considerado tan así, pues “todas las investigaciones serias muestran que las firmas en busca de una nueva localización privilegian la calidad del entorno por sobre la consideración de los costos de producción.”[11]. Es precisamente en la constitución de ese entorno en donde los actores locales juegan un rol clave en las nuevas realidades que ha introducido la globalización.
Los desafíos que hoy representa la globalización para el gobierno local-metropolitano, en su plano eminentemente económico se reducen entonces como se ha dicho, en principio a, ser el elemento aglutinador y director de los actores locales para la construcción de este “entorno” para que resulte atractivo al capital foráneo, pues, “La mejora de la productividad y competitividad de las ciudades depende de la introducción de innovaciones en las empresas, de la flexibilidad y organización del sistema productivo, y de la existencia de instituciones que favorecen el funcionamiento de los mercados”[12]. Pero este plano de incumbencia primordialmente económico posee repercusiones en los demás, pues la función última de todo gobierno (más allá de la instancia de la que se hable) es la de coordinar los esfuerzos comunitarios con miras a la realización del “bien común”; de esta forma sostiene un eminente politólogo francés que “la organización de la sociedad por el poder político se extiende al conjunto de las actividades colectivas. No consiste únicamente en coordinar las actividades presentes de la sociedad, sino que también se ha de prever el porvenir”[13] .
La ciudad es el espacio de residencia de una comunidad, en el seno de la cual tienen lugar las relaciones políticas. Utilizamos el término adjetivo “políticas” para referirnos a las “actividades explícitas y lúcidas que implican la instauración de instituciones deseables”[14]. Es esta búsqueda de organizaciones deseables la que lleva a la política a buscar constantemente la mejora de las instituciones existentes, pues el dinamismo de la sociedad debe ser acompañado por la adaptación constante de las instituciones y organizaciones mediante las cuales la sociedad se organiza, caso contrario estaríamos frente a un caso de “asincronización” donde la capacidad de dar respuesta a las demandas no es satisfecha por las instituciones que corresponde. Este proceso de demandas insatisfechas tiene como consecuencia necesaria la acumulación de tensiones en el sistema, provocando una brecha cada vez más profunda entre la sociedad civil y las instituciones y organizaciones estaduales que deben dar respuesta. La brecha suele ser zanjada a partir de la búsqueda de alternativas en el seno mismo de la sociedad civil (valga de ejemplo la explosión de ONG y OSFL) para responder a los problemas que la comunidad padece, provocando lo que Marcel Prèlot denomina como “fenómeno de reemplazo”[15]. La necesidad de estar atento a la realidad que circunda a las instituciones es una obligación ineludible de todo Gobierno y de los sectores políticos en general.
[1] Kanitz, Horst, “Bases para una política comunal práctica. Ciudadanos y comuna.”, en Kanitz Horst et al. “Políticas Municipales para el desarrollo local y regional”, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 2006, pág. 20
[2] Santayana, George, Potestades y dominaciones, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1954, pág. 395.
[3] Kanitz, Horst, op cit. pág. 25
[4] “Las políticas públicas son la expresión concreta de las formas institucionalizadas que rigen la interacción gubernativa entre la sociedad y el Estado”. Medellín Torres, Pedro; Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: elementos para una teoría de la estructuración de políticas públicas en países de baja autonomía gubernativa, en Revista del CLAD Reforma y Democracia Nº8, julio de 1997.
[5] Meny, Ives y Toening, Jean Claude; Las políticas públicas, Editorial Ariel, Barcelona, 1992, pág. 17
[6] Véase: la ponencia”El desarrollo local: una estrategia para la gestión municipal”, de la Prof. Maria E. Furlani de Civit y Ruth E. Garabay en el V Seminario Nacional de REDMUNI.
[8] Monteverde, Roberto; “Apuntes sobre cinco años de planificación estratégica en la Argentina (1996-2001), en Diaz, Cristina [et al], (comps.) Tecnologías y gestión local en Argentina, reflexiones y perspectivas, Homo Sapiens, Rosario, 2002, pág. 70.
[9] Vázquez Barquero, Antonio; “Desarrollo endógeno y globalización”, en Vázquez Barquero y Madoery (Comps.), Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local, Homo Sapiens, Rosario, 2001, pág. 77.
[10] Coriat, Benjamín y Taddéi, Dominique; Made in France, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pág. 333.
[12] Vázquez Barquero, Antonio; op.cit. pág. 80.
[13] Duverger, Maurice; Sociología Política, Ediciones Ariel, Barcelona, 1972, pág. 274.
[14] Castoriadis, Cornelius, El avance de la insignificancia , EUDEBA, Buenos Aires, 1997, pág. 272
[15] Prèlot, Marcel; La Ciencia Política, EudeBA, Buenos Aires, 1969, pág. 87.
